Monumentos y fabricación de culpables en México

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En el año 2010 México conmemoraba el bicentenario del inicio de su guerra de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución. Con bombo y platillo el gobierno del entonces presidente derechista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa quiso festejar con un magno monumento, que terminó siendo distinto a lo que él aspiraba y que su construcción se vio envuelta en escándalos de corrupción que terminaron triplicando el costo  y que en los últimos años la persecución ha recaído en personas que nada tuvieron que ver con lo que ahora se conoce como la Estela de Luz.

Agustín Castro Benítez llegó a III Servicios, S.A. de C.V. (triple i) con un anunció que desconcertó a todos los funcionarios de esta empresa subsidiaria de Petróleos Mexicanos. Venía designado directamente por la Presidencia de la República y no por el director General de Pemex y entre otras cosas iba con la intención de lograr contratos para obras relacionadas con la conmemoración del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia nacional.

Era junio de 2009 y nunca antes un director de triple i servicios había sido impuesto desde Los Pinos, pues es facultad del director de Pemex designar a directores de todas las subsidiarias de la petrolera nacional y nunca antes esta instancia había dictaminado ningún proyecto de obra ajeno a su naturaleza que es brindar servicios de mantenimiento y construcción, pero de infraestructura petrolera. Allí comenzó a fraguarse uno de los procesos de corrupción relacionados con los festejos del año 2010 y que encontró como chivos expiatorios de estos hechos a personas inocentes que trabajaban en esta empresa.

Este viernes el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que “deberíamos poner una placa que diga monumento a la corrupción”, refiriéndose a la Estela de Luz que se construyó a destiempo, con sobre costos y que se inauguró casi seis meses después de la fecha estipulada que era, precisamente, el 15 de septiembre de 2010.

Con el argumento de ser responsables del encarecimiento del costo final del monumento conmemorativo del bicentenario de la Independencia, la famosa Estela de Luz, varios ex funcionarios públicos han sido utilizados como chivos expiatorios y sobre ellos han pesado todas las acusaciones, inhabilitaciones administrativas y hasta órdenes de aprehensión que les han causado un impacto negativo en sus vidas profesional y personal.

El grupo de ex funcionarios de III Servicios pide al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República que le cierren el paso a la impunidad y castiguen a quienes son los verdaderos responsables del este desfalco, comenzado por investigar al ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Anunciaron que este lunes presentarán una DENUNCIA en contra de diversas autoridades federales de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, luego de siete años de vivir en precarias condiciones porque no logran conseguir empleo, pues son señalados de ser los culpables del fraude que envolvió las obras de construcción del monumento conmemorativo por los 200 años del inicio de la guerra de independencia y de los 100 años del inicio de la revolución.

El inicio de la historia del fraude del bicentenario

Ver Cronología

El 26 de enero de 2009 el gobierno federal lanzó una convocatoria para el concurso nacional del anteproyecto para la construcción de un monumento Arco Conmemorativo del Bicentenario, y el jurado calificador del certamen declaró ganador el 15 de abril de ese año.

El 18 de diciembre de 2009 la empresa III Servicios, S.A. de C.V. (Triple I) fue contratada por el Fideicomiso del Bicentenario, a través del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército) para encargarse de la contratación de la obra y supervisión de la construcción del monumento conmemorativo y posteriormente esta misma empresa firmó el 29 de enero de 2010 el contrato IIIS-EST-COP-005-10 con el consorcio privado integrado por PDI (Proyectos y Desarrollo de Infraestructura S.A.P.I. de C.V.) y GUTSA Infraestructura, S.A. de C.V. (Ver contrato)

El objeto del contrato era la construcción del espacio conmemorativo y monumento “Estela de Luz”, a ubicarse en Paseo de la Reforma a la altura de las rejas de los leones, del Bosque de Chapultepec, que originalmente debió entregarse concluida el 21 de agosto de 2010, por un costo de 398 millones 924 mil 49 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado. (Ver propuesta PDI-GUTSA)

El proyecto de un monumento ya había sido aprobado desde antes por el gobierno federal y el 15 julio de 2009 la entonces secretaria Ejecutiva del Comité de Obras Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Ana Rebeca Martínez del Sobral Brier informó vía oficio a José Manuel Villalpando César, director General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), que dicho comité había dictaminado procedente “la excepción a la licitación pública para la contratación de servicios relacionados con las obras públicas para la elaboración del proyecto arquitectónico ejecutivo de la construcción de un monumento conmemorativo del bicentenario de la independencia nacional…”.

Es decir, la propia Secretaría de la Función Pública autorizó que no se hiciera una convocatoria pública para contratar el proyecto de lo que hasta ese momento era el “Arco Bicentenario”, y para el que pagarían poco más de 18.8 millones de pesos.

El comité de obra de triple i, subsidiaria de Pemex, tenía como única responsabilidad dar validez a la suficiencia presupuestaria y a la viabilidad financiera y operativa para realizar la obra. En pocas palabras, sólo avalar que el Gobierno federal contaba con los recursos suficientes para la construcción del monumento.

No obstante, esta empresa fue contratada para la realización de la obra el 18 de diciembre de 2009.

El 5 enero del año 2010, el comité de obra de III Servicios aprobó que se omitiera una licitación pública por convocatoria para la construcción de un monumento conmemorativo con un costo de 398 millones de pesos.

Al día siguiente, el 6 de enero, III Servicios invitó a ocho empresas a participar en el procedimiento de contratación para la construcción de la Plaza Bicentenario Estela de Luz, ya no era el Arco Bicentenario.

Nunca antes esta empresa de Pemex había dado visto bueno a una obra similar, pero con la llegada en junio de 2009 de Agustín Castro Benítez como director de triple i servicios la situación cambio, pues el nuevo funcionario aclaró a su personal que venía nombrado directamente por el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y que entre sus funciones estaba precisamente el proyecto del monumento del bicentenario.

Durante todas las sesiones que realizaba el Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario, donde participaban la Presidencia de la República, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Función Pública y el INEHRM, y a las que acudían representantes del Comité de Obra de Triple I Servicios, Agustín Castro siempre se reunía en privado en los Pinos con Patricia Flores Elizondo, quien fuera la jefa de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de Felipe Calderón. y terminando les decía a quienes integraban el Comité Técnico que “no importa lo que hayan hablado, la línea es esta…”, dando las instrucciones que él mismo había recibido de la funcionaria calderonista.

Visto bueno al proyecto del monumento

El 5 de enero de 2010 el Comité de Obra de Triple I Servicios concluyó que el Fideicomiso del Bicentenario contaba la suficiencia presupuestal y a la viabilidad de la obra. Ese día todos los funcionarios de esta empresa que formaron parte del Comité no tuvieron nada más que ver con el futuro de este monumento.

El costo en ese enero de 2010 era de 398 millones de pesos para el proyecto que debía entregarse el 21 de agosto, para inaugurarse oficialmente el 15 de septiembre de ese mismo año por el propio presidente de México.

La obra no se concluyó; se entregó el 30 de enero de 2011 y terminó siendo una combinación de torre luminosa con obelisco ubicado en la esquina de Paseo de la Reforma y Lieja, colonia Juárez, en la entrada del Bosque de Chapultepec y que terminó costando poco más de mil 200 millones de pesos.

La Secretaría de la Función Pública fincó responsabilidad administrativa en contra de quienes integraron este comité de obra de Triple I y la ex Procuraduría General de la República (PGR) inicio una averiguación previa en contra de las mismas personas que nada tuvieron que ver con el cambio de proyecto ni con los sobre costos.

El argumento de la PGR para girar órdenes de aprehensión fue que la decisión del comité de recomendar la invitación restringida y no una licitación pública abierta, generó el sobre costo y el DAÑO al erario público, cuando la propia Secretaría de la Función Pública que en ese entonces encabezaba Salvador Vega Casillas, fue la que avaló esa omisión que ya había hecho con anterioridad.

La Función Pública había sido co-participe de irregularidades en el proyecto de la Estela de Luz, pues en julio de 2009 aprobó que no se hiciera una licitación pública contratar el proyecto para el monumento conmemorativo.

Fue esta misma dependencia la que autorizó la propuesta de Triple I Servicios de no hacer licitación pública para la construcción de la Estela de Luz, y fue esta misma dependencia la que fincó responsabilidades administrativas e inhabilitó a funcionarios de la subsidiaria de Pemex por estos hechos, pero no así en contra de funcionarios de ninguna otra dependencia ni de la propia.

El 4 de mayo de 2010, Miguel Carrasco Hernández, director jurídico del Fideicomiso del Bicentenario, que dependía directamente del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército), envió un oficio a Gloria Muñoz León, entonces oficial mayor de la Función Pública y presidenta del Comité Técnico del Bicentenario, para “reclamarle” el porqué habían autorizado a la empresa Triple I que solicitara al Banjército que realizara trámites y licencias “inherentes a la construcción del monumento conmemorativo del bicentenario (…) ante autoridades locales y federales, como lo son el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión Federal de Electricidad, entre otros”.

Banjército aclara que según el contrato con esta subsidiaria de Pemex, la instancia responsable de licencias y trámites relacionados con el monumento del bicentenario sería el propio INEHRM.

“Por lo anterior, agradeceré su amable INTERVENCIÓN a fin de que sirva adoptar las acciones necesarias con los organismos correspondientes para tal fin, acompañándole copia simple de la solicitud de referencia”, dice el oficio DIR.JUR.FID (ADM) 566/2010, fechado el 4 de mayo de 2010.

A estas irregularidades se sumaron posteriormente las denuncias en contra del propio secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas de solapar presuntos actos de corrupción y extorsión contra empresarios gasolineros, cometidos por su esposa Gladys López.

En 2011 la misma Auditoría Superior de la Federación emitió una RESOLUCIÓN sobre la revisión de las Cuentas Públicas de 2008, 2009 y 2010, donde “se detectaron diversas irregularidades en la operación del fideicomiso (del Bicentenario), ya que se aportaron recursos sin demostrar la necesidad de los mismos; existió inobservancia de la Ley en los procesos de adjudicación; se efectuaron erogaciones injustificadas o por conceptos que se consideran innecesarios y que no se ajustaron a los criterios de economía, racionalidad y austeridad; no se demostró la supervisión y seguimiento de los servicios contratados, a diciembre de 2010, existieron recursos no aplicados por la empresa que llevó a cabo los festejos del 15 de septiembre de 2010, en el Zócalo de la Cuidad de México; y no se concluyó la construcción del Monumento del Bicentenario denominado «Estela de Luz», que se tenía prevista para el 14 de septiembre de 2010, entre otras irregularidades”.

El DAÑO al erario, según la ASF, fue de mil 216 millones, 771 mil 600 pesos.

A la caza de “Chivos expiatorios”

Luego de desatarse el escándalo que involucró a la subsidiaria de Pemex III Servicios, S.A. de C.V. y pese a que en todo momento la Secretaría de la Función Pública estuvo enterada de todos los hechos, contratos, licitaciones, cambios de proyecto y demás irregularidades, al ser la instancia que presidía el Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario”, nunca se hizo una investigación al interior de la dependencia.

Ni la Función Pública ni la ex Procuraduría General de la República (PGR) investigó a ningún funcionario público del Banjército, institución fiduciaria responsable de los recursos del Fideicomiso, ni del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), que actuó como coordinado ejecutivo de los programas y calendarios de la comisión organizadora de los festejos del bicentenario.

Nunca se investigó ni sancionó a ninguna persona de Fonatur Constructora, S.A. de C.V. que fue contratada por Banjército para realizar la supervisión externa del proyecto de la Estela de Luz.

Tampoco se abrieron investigaciones en contra de personas físicas ni morales relacionadas con CONIP Contratistas, S.A. de C.V. ni PDI (Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.P.I de C.V) ni GUTSA Infraestructura, S.A. DE C.V. que fueron las empresas responsables de la construcción física y la supervisión de la obra conmemorativa.

Tampoco se fincaron responsabilidades penales ni administrativas en contra del director de III Servicios, Agustín Castro, ni contra la ex jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo, quien fue removida del cargo en julio de 2010.

Patricia Flores Elizondo es sobrina del ex secretario de Turismo en el sexenio de Vicente Fox Quesada, Rodolfo Elizondo Torres y forma parte del círculo cercano de Felipe Calderón Hinojosa y del hoy senador del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero.

Las únicas acciones se dirigieron en contra de quienes integraron el comité de obra de III Servicios y cuya única función fue aprobar el 5 de enero de 2010, la viabilidad financiera del proyecto del monumento y proponer que se omitiera una convocatoria pública para licitar la obra, decisión que finalmente aprobó la misma Secretaría de la Función Pública.

Sobre estas personas que ese mismo 5 de enero concluyeron con su labor relacionada con el proyecto, es sobre quienes ha caído la persecución POLÍTICA, administrativa y penal.

Personas que no quieren que sus nombres se hagan públicos, porque han sido inhabilitadas para ocupar cargos públicos por acusaciones de corrupción, inhabilitación que ya fue revertida por un juez que consideró que no había motivo para ello.

Sin embargo las causas penales en contra de estos ex funcionarios de III Servicios permanecen. Varios de ellos se encuentran amparados para evitar se aprehendidos e internados en un penal, pero que enfrentan juicio penal por el desfalco de la Estela de Luz.

El argumento de la PGR para acusarles penalmente es que el comité de obra de Triple I fue responsable de que la obra triplicara su costo, por haber “recomendado” que se omitiera una convocatoria pública para licitar la obra y más bien se optara por una invitación restringida. Acto administrativo que fue avalado por la Función Pública.


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